Acusan de secuestro a los “desaparecidos” de Tepetixtla

Agentes del Grupo Táctico Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturaron a cuatro sujetos integrantes de una banda de secuestradores que operaba en los municipios de Coyuca de Benítez, en la comunidad de Tepetixtla, y se solicitará a un juez penal la medida cautelar de arraigo para perfeccionar la investigación y determinar cuántos plagios cometieron, informó la dependencia estatal en un comunicado, con el cual aclara el destino de los diez que según sus familiares fueron sustraídos de sus casas el jueves 9 y reportados ante la CNDH como desaparecidos, por sus familiares.

El comunicado precisa que derivado de una denuncia formal interpuesta ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Combate al Secuestro de la PGJE por los familiares de la víctima, se estableció que el pasado 9 de octubre del 2013 los cuatro individuos privaron de la libertad a un ejidatario en su terreno de cultivo, y exigieron a los familiares el pago de una cantidad de dinero para liberarlo.

La PGJE, al hacerse cargo de las investigaciones el 3 de diciembre, procedió a solicitar la presentación de los responsables a elementos de la Policía Ministerial, quienes después de realizar las investigaciones correspondientes, el 10 de enero cumplimentaron dicho mandato,  presentando a declarar ante la Fiscalía a un total de 10 personas, de las cuales cuatro admitieron haber participado en el secuestro del campesino, y también confesaron haberlo privado de la vida e inhumado clandestinamente en una fosa ubicada en el cerro La Mina de Tepetixtla.

La representación social procedió a la detención legal de los cuatro sujetos, y solicitó de la autoridad judicial la autorización de la medida cautelar de arraigo por 30 días, para determinar si se encuentran vinculados a otros secuestros cometidos en la localidad de Tepetixtla, del municipio de Coyuca de Benítez, y perfeccionar la averiguación previa por el delito de secuestro agravado.

Dice también que la PGJE, como en todos los casos de secuestro, exigirá a la autoridad judicial se aplique todo el rigor la ley, y se castigue con la pena máxima de 60 años de prisión a los responsables de este delito, considerado de alto impacto social.