Fernando Polanco Ochoa
El Dirección
Estatal del Partido del Trabajo (PT) reprochó la “inoperancia” de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para atender y esclarecer
hechos delictivos contra actores políticos.
“Quisiéramos que atendiera no solo a representantes de
elección popular, sino a la ciudadanía en conjunto, lo cierto es que no hay
respuesta”, manifestó al diputado local, Jorge Salazar Marchán, miembro de la
dirigencia nacional.
Incluso advirtió que por la responsabilidad que tienen
los representantes populares, el problema de la inseguridad y ataques en su
contra se podría agudizar en todo el país y que debe preverse.
Lo anterior derivado del secuestro que sufrió Cleto
Mendoza Vargas, regidor del PT en el municipio de Chilapa, desde el pasado 30
de diciembre del año pasado y de quien hasta ahora se desconoce su paradero.
Recordó también el atentado que sufrió en noviembre del
año pasado el regidor del municipio de Igualapa, Idelfonso Martínez García, y
comentó que ese tipo de agravios no son exclusivos de la militancia de ese
partido.
En entrevista informó que la semana pasada la diputada
federal del PT, Magdalena Núñez Monreal, por el estado de Zacatecas, pidió a la
Procuraduría General de la República (PGR) y a su similar de Guerrero
investigar el caso de Mendoza Vargas.
“La Dirección Nacional del partido tomó la decisión de
hacer un exhorto a la PGR para que intervenga dada la lentitud de cómo se están
procesando las cosas en el estado, fue un asunto que tomó naturaleza al
interior del PT nacional”, dijo.
De acuerdo con Salazar Marchán la legisladora presentará
este martes un punto de acuerdo en sesión de comisión permanente para la
creación de una fiscalía especial que investigue hechos delictivos contra
representantes populares.
Aunque reconoció que ven con “simpatía” la propuesta,
comentó que sería una atribución excesiva porque “pareciera que es un
privilegio más para los representantes de elección, la permanente decidirá si
transita esa posibilidad”.
Dio a conocer que de acuerdo con el Centro de
Investigación y Documentación de la Cámara de Diputados federal, cada mes muere
un presidente municipal debido a los elevados índices de violencia.
“Hay más para el PRD, está el caso del síndico de Iguala,
además de constantes denuncias de las regidoras, la situación de algunos
municipios de la Sierra, Costa Grande, Norte, el caso Teloloapan, Apaxtla,
entre otros”, señaló.
“Es un caso latente, en el caso de Michoacán, vemos que
la gente de la delincuencia organizada pide participación en las obras como
cualquier empresa”, alertó el legislador local.
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