BAJO FUEGO
José Antonio
Rivera Rosales
El fiscal es, como dicen en el argot
popular, un chivo en cristalería.
Su conducta y palabras tan chabacanas serían
de risa loca si no encerraran una realidad dramática para miles de familias
guerrerenses que sufren un grave déficit de justicia, especialmente en materia
de justicia penal.
Xavier Olea Peláez, el fiscal general de
Guerrero, parece haber cometido un exabrupto que generó incomodidad y enojo en
las Fuerzas Armadas en particular, que de manera inusitada marcaron distancia
de las “desafortunadas declaraciones” de este servidor público, cuyas
afirmaciones fueron vistas como políticamente incorrectas por el gabinete de
seguridad nacional.
Con todo, en su esencia esas afirmaciones
contienen una cierta dosis de verdad, en especial cuando Olea definió la
conducta que caracteriza a las instituciones de procuración de justicia: de la
Procuraduría General de la República (PGR), dijo que aloja a “ratotas”, mientras
que a la Fiscalía General del Estado (FGE), que él mismo encabeza, la determinó
como una “cueva de Alí Babá”.
A los militares les dijo que sólo se dedican
a patrullar la Costera Miguel Alemán, donde “no pasa nada” y los instó a
subirse a las colonias situadas arriba de la avenida Cuauhtémoc, para bajar a
los bandidos que en ellas pululan.
Naturalmente que esas caracterizaciones
causaron un murmullo y algunas risas entre los acasocios, ante los que disertó
la semana pasada, pero generó enojo entre los mandos de las Fuerzas Armadas. Y
con justa razón.
No sólo eso: Olea Peláez descalificó el
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que entrará en vigencia a partir del
próximo mes de junio, del cual dijo que ya demostró su fracaso en otros países
como Argentina y Chile.
En primera instancia los comentarios
provocaron un deslinde obligado de su jefe político (aunque la Fiscalía
disfruta de una relativa autonomía, sigue encuadrada como una institución del
estado), el gobernador Héctor Astudillo, quien fue el primero que se desmarcó
de esas declaraciones disruptivas.
Mediante un cuidadoso comunicado, el
mandatario estatal ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas y ponderó
positivamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal basado en los juicios orales,
en los que el gobierno de la República trabaja desde 2008 en que se decidió
instaurar en México este nuevo modelo de justicia.
Pero el meollo del asunto no es la conducta
dicharachera del fiscal, sino el trasfondo subyacente que, en los hechos, es el
verdadero problema: la corrupción.
Como bien dice el fiscal, efectivamente
contamos con un sistema de seguridad y justicia -prevención de la violencia,
persecución del delito e impartición de justicia- bastante deficitario tanto en
su rendimiento como en sus modalidades o expresiones, que con frecuencia son
neutralizadas por una corrupción galopante.
Ya antes el mismo servidor público había
advertido que la Fiscalía, como institución, estaba colapsada, pero al parecer
pocos entendieron el sentido de su advertencia. Se trata de que la FGE es una
instancia simplemente rebasada por la delincuencia -especialmente por los
delitos de alto impacto-, tanto en el combate físico contra el crimen como en
sus procedimientos jurídicos para llevar a los imputados ante la justicia.
Con menos de dos mil agentes ministeriales,
la Fiscalía está imposibilitada para perseguir a la delincuencia y, para
agravar las cosas, una porción indeterminada de su personal está cooptada por
el crimen organizado. Vistas así las cosas, la FGE es parte del problema, no
parte de la solución.
¿Qué es lo que habrá que hacer para sacar a
la Fiscalía de su marasmo? Aquí algunas sugerencias:
1.
Dotar a la FGE de
autonomía presupuestal. Es un primer paso obligado del gobierno que encabeza
Héctor Astudillo. Asignar a la Fiscalía un presupuesto amplio y suficiente
permitiría a esa institución sentar bases científicas y operativas para su
desarrollo en beneficio de la población.
2.
Contratar una
nueva generación de agentes ministeriales, con preparación profesional y nuevos
enfoques de trabajo, que permita ampliar el Estado de Fuerza por lo menos a
unos 5 mil agentes operativos. Es decir, algo parecido a lo que está haciendo en
la Secretaría de Seguridad Pública el general Pedro Almazán Cervantes, quien está enfocado
en construir una fuerzas de 15 mil hombres que le permitan al estado combatir
la violencia con una relativa suficiencia.
3.
Construir una
fuerza de despliegue rápido, que permita a la FGE responder con rapidez y
eficiencia a los constantes episodios de violencia armada que se suceden en
zonas alejadas.
4.
Terminar de
construir un verdadero servicio de inteligencia (ya hay un responsable en el
tema) para sistematizar la información policial en un contexto que permita
resultados expeditos y sólidos para fortalecer el sistema de justicia
guerrerense.
5.
Construir un sistema de transparencia y
rendición de cuentas al interior de la Fiscalía, con el fin de supervisar el
uso de los recursos, las operaciones de persecución del delito y sancionar los
desvíos.
Pasado
el episodio anecdótico generado por el fiscal, habrá que reflexionar seriamente
sobre el tema para generar mejores condiciones de combate a la violencia, en
coordinación con las Fuerzas Federales, en bien de la ciudadanía. Esperemos que
las corporaciones de seguridad enfilen sus baterías en esa dirección.
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?