miércoles, 31 de mayo de 2017

Despide Héctor Astudillo a 176 policías que reclamaban derechos laborales


El vocero del gobernador Héctor Astudillo Flores, en materia de seguridad pública, Roberto Alvarez Heredia emitió este miércoles un comunicado "En relación al paro de servicio que el día 29 del presente mes y año Policías Estatales iniciaron en la ciudad de Chilpancingo", en donde les informa a los paristas de su baja definitiva del servicio.

Policías estatales asignados en Chilpancingo y Chilapa pararon labores en protesta porque el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, se niega a darles el descanso obligatorio.

"Antes nos daban tres días de descanso por tres de trabajo, pero desde hace más de un mes no nos dejan ir a nuestras casas para ir a ver a nuestras familias", dijo uno de los agentes que están concentrados en sus cuarteles.

Al respecto el vocero señaló que "la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informa lo siguiente" y explica que "El día de hoy a las 13:00 horas por Resolución Administrativa de esta fecha, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, notificó formalmente la separación y baja definitiva de la institución a 176 Policías Estatales".

Los policías, que tuvieron que pasar por diversos sistemas de certificación de confianza, ahora son señalados de "incurrir en conductas violatorias a Ley No. 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, tipificadas como causales de remoción según el artículo 132 fracciones III, V, XI y XII".

Para el gobierno estatal la protesta de los policías les hizo " faltar a los principios rectores de la función policial; poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos" y los acusa además de "abandono del servicio; haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial; así como abandonar un servicio nombrado".

El comunicado emitido precisa que "Dicha diligencia se realizó ante el Notario Público No. 3, Lic. Hugo Pérez Ruano, quien dio fe de los hechos relativos a la notificación y de su legalidad" agregando que se contó con el respaldo de la CODEHUM ya que "se solicitó además la presencia de un representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, quien verificó que la actuación del Órgano Interno de Control de la SSP no transgrediera los Derechos Humanos de los elementos removidos del cargo".

Después de ser notificados se requirió a los elementos sancionados la entrega inmediata de los uniformes, identificaciones y demás equipo policial que tuvieran a su cargo y se les citó a la Secretaría de Finanzas y Administración en donde serían finiquitados.


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